La Comisión Europea se prepara para imponer plazos de pago de 30 días.

La Comisión Europea está en las etapas finales de la preparación de un nuevo Reglamento que podría cambiar significativamente la dinámica de pago en Europa. Esta medida obligaría a que las empresas y administraciones públicas paguen sus facturas en un plazo máximo de 30 días. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció esta propuesta durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión y se espera que esté implementada antes de que termine el año, una vez que el Parlamento Europeo la apruebe en las próximas semanas.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha expresado su apoyo entusiasta a esta iniciativa. La PMcM representa a cerca de un millón de empresas con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros, y emplea a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos en toda Europa. Su presidente, Antoni Cañete, calificó este paso como un «hito histórico sin precedentes» que beneficiará a millones de autónomos y pymes, quienes suelen ser las más afectadas por los problemas de morosidad.

Una de las características más destacadas del nuevo Reglamento es la compensación por los costes de recuperación. Cuando se generen intereses de demora, el deudor deberá pagar automáticamente al acreedor una compensación fija de 50 euros por cada transacción comercial. Esto elimina la injusticia que existía cuando el acreedor debía asumir los intereses de demora debido a retrasos en el pago por parte del deudor.

El Reglamento también detalla prácticas contractuales que serán consideradas ilegales, como fijar plazos de pago que incumplan los plazos legales o retrasar intencionadamente el envío de la factura. Además, se establecen sanciones para aquellos que infrinjan estas normas.

Sin embargo, surgirán desafíos en la implementación de este Reglamento, como la identificación de las autoridades responsables de supervisar y hacer cumplir estas reglas en cada Estado miembro. También es importante destacar que las grandes empresas pueden intentar influir en la legislación para minimizar los cambios en su contra.

En resumen, este nuevo Reglamento de la Comisión Europea tiene el potencial de transformar la cultura de pago en Europa y brindar mayor protección a las pymes y autónomos frente a los problemas de morosidad. Será interesante seguir de cerca su implementación y cómo afectará a las prácticas empresariales en toda la Unión Europea.